El contrabando de tabaco en Europa: 10.200 millones que financian el terrorismo

En 2013 la Comisión Europea puso en marcha una estrategia que exhortaba a la adopción de medidas para intensificar la lucha contra el contrabando transfronterizo de cigarrillos con el objetivo general de "hacer más segura la cadena de suministro legal, reforzar el cumplimiento de las normas y contrarrestar los incentivos que sustentan el comercio ilícito".

Cuatro años después, y pese a la hiperregulación en el sector, Bruselas admite que los resultados no son los esperados y en un informe remitido al Parlamento y el Consejo Europeo, se reconoce que "el problema sigue siendo tan preocupante en la actualidad como en el pasado".

Según un estudio elaborado por KPMG, el tráfico ilegal de tabaco representa en la Unión Europea más del 9% del consumo -la industria eleva ese porcentaje incluso hasta el 12%-, lo que causó un agujero fiscal de 10.200 millones en 2016, una cifra que se repite año tras año.

"El contrabando de cigarrillos constituye una fuente de ingresos para los grupos de delincuencia organizada de Europa y de fuera de ella, y existen indicios de que en algunos casos está también relacionado con la financiación del terrorismo", asegura la Comisión, que insiste en que la lucha contra el contrabando "es esencial para proteger la seguridad europea".

Bruselas urge ahora a adoptar nuevas medidas, forzando a las empresas a un mayor control de la trazabilidad e "instando a países vecinos, como Bielorrusia, con un tipo impositivo excesivamente bajo, a aproximar su impuesto especial a los tipos mínimos de la UE". Todo ello, al margen también, de estrechar la vigilancia aduanera o endurecer las sanciones. "Existen dudas sobre si las sanciones administrativas y penales realmente aplicadas en los Estados miembros a los delitos de contrabando son suficientemente disuasorias", dice la Comisión.

De espaldas a la industria

El problema de fondo, sin embargo, es que todo se está haciendo a espaldas de la industria, después de que Bruselas haya decidido ir rompiendo los acuerdos de colaboración que Olaf, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, había firmado en el pasado. Steven Wilking y Mark Hosty, responsables de la lucha contra el tráfico ilícito en Europa de Japan International Tobacco (JTI), la empresa que comercializa marcas como Winston o Camel, muestran la disposición a ayudar del sector -"nosotros podemos aportar una información fundamenta en la lucha contra el contrabando"-dicen, asegurando que "no somos parte del problema, sino de la solución". Según Wiling y Hosty, dos expolicías británicos con más de treinta años de experiencia en la lucha contra el crimer organizado, "gracias a la colaboración de JTI con las fuerzas de seguridad en los últimos años se ha conseguido la aprehensión de más de mil millones de cigarrillos ilegales en Europa".

En una jornada organizada en Berlín por Financial Times, Anne Bucher, presidenta del Comité Reglamentario de la Comisión, ha admitido que "lo que hace falta no es una mayor regulación, sino otra que sea más inteligente", pero desde la industria tabaquera indican que medidas como la aprobación del paquete genérico en Francia, Reino Unido o Irlanda o el incremento de la presión fiscal -el Gobierno francés ha aprobado seis subidas consecutivas para que en 2020 no se pueda vender la cajetilla de cigarrillos por debajo de 10 euros- no hacen sino agravar el problema.

La UE está trabajando ahora en una normativa para un nuevo sistema de seguimiento y localización de los cigarrillos, que entrará en vigor en 2019 y hay asimismo un debate sobre cómo mejorar también el intercambio de datos aduaneros con los países del Este, uno de las grandes puertas de entrada del tráfico ilegal, intesificando el diálogo bilateral con Rusia, Bielorrusia o Ucrania.

Siegmar Reiss, director del departamento de investigación de productos falsificados de la Olaf, ha destacado "que nuestro objetivo fundamental es proteger a los consumidores", y aunque ha valorado la información facilitada en los últimos años por el sector, en el marco de los acuerdos bilaterales, explicó que "hay que acatar las decisiones del legislador".